La Policía Nacional detuvo a 26 personas por explotar a sus hijos para cometer robos violentos en Madrid; desmantelado una organización criminal rumana dedicada a la explotación infantil con fines delictivos. Obligaban a los menores a cometer hurtos y robos con violencia a personas vulnerables por su condición o edad mientras extraían dinero de cajeros automáticos; habiéndose esclarecido más de 200 acciones delictivas.
Durante la operación se han llevado a cabo cinco entradas y registros en domicilios; se han practicado 26 detenciones y se han puesto bajo protección a 37 menores inimputables que al tener menos de 14 años no tienen responsabilidad penal pese a estar implicados en los robos. A la mayoría de los detenidos se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación delictiva; pertenencia a organización criminal y delito contra los derechos y deberes familiares; siendo los progenitores los que obligaban a delinquir a sus propios hijos.
El núcleo duro de la organización está formada por un total de 18 adultos y ocho menores de entre 14 y 18 años; además de los 37 niños menores de 14 años. Los detenidos residían en cinco viviendas okupadas en Getafe y Fuenlabrada, en unas condiciones higiénicas y de salud deplorables. Los niños explotados vivían hacinados en pisos. Los agentes encontraron hasta cinco menores dentro de una habitación. Dormían en el suelo, no estaban aseados y eran obligados a trabajar jornadas de 12 horas.
600 y 1.000 por robo
Los agentes creen que en cada robo se podrían apropiar de entre 600 y 1.000 euros. En el caso de que los menores no hacían caso los adultos exhibían su «mano dura», ya que incluso pegaban a los menores. Un tercio de los menores explotados no tienen familia en Madrid y eran comprados por la organización a sus familias en Rumanía a cambio de unos 5.000 euros. El origen de estos niños es uno de las pesquisas pendientes que aún tienen por delante los agentes de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid que han desarrollado la operación Nastase; en referencia al ex jugador de tenis rumano.
La investigación se inició en diciembre del pasado año cuando los agentes detectaron un aumento de las denuncias por robos y hurtos en cajeros automáticos a personas de edad por toda la Comunidad de Madrid. Una vez que analizaron toda la documentación comprobaron que existía un patrón común en todas ellas; lo que les hizo pensar que podría tratarse de los mismos autores.
Grupo organizado
Después de las primeras pesquisas descubrieron que existía un grupo organizado de cinco clanes familiares que utilizaban y explotaban a menores de edad, que en muchos casos eran sus propios hijos, para cometer estos hechos delictivos. El entramado criminal tenía una estructura perfectamente definida con un reparto claro de tareas. En la cima se encontraban los padres de dos familias que se encargaban de decidir la zona de actuación de los menores para cometer los robos; así como el procedimiento delictivo.
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A continuación, subordinados a ellos y bajo sus órdenes, coordinaban las actuaciones de intermediarios; que se encargaban del transporte de los menores hasta el lugar de comisión de los hechos, participando también en tales acciones delictivas. En el escalón inferior estaban los menores, todos sin escolarizar, que eran quienes llevaban a cabo los asaltos.
«Salían de casa a las ocho de la mañana y volvían a las ocho de la tarde. No pasaban por casa ni para comer»; ha explicado este jueves en una rueda de prensa María Soria, inspectora del Grupo XVI de la Sección de Crimen Organizado de la Policía Judicial.
Cada vez más violencia
Los investigadores han constatado que los menores iban incrementando su violencia con el paso del tiempo ya que en sus últimas acciones empujaban o tiraban al suelo a sus víctimas, todas ellas ancianos. «Los menores veían esa actividad como su trabajo y en su cabeza no era algo negativo«, ha asegurado Simón Facal, inspector jefe del Grupo XVI.
Una vez concluía su jornada laboral; mientras volvían a casa en un Uber, los adultos mostraban en redes sociales como TikTok los fajos de billetes que habían conseguido. El destino final del dinero robado, cifrado en «cientos de miles de euros»; era Rumanía donde los clanes sí mostraban sus riquezas y tenían más propiedades.
Traslados de menores
Los arrestados trasladaban a los menores de país a medida que iban cumpliendo edad o que comenzaban a ser reconocidos por los agentes. Eran desplazados a otros lugares donde continuaban la actividad delictiva, incluso actuaban en otros puntos de la Unión Europea realizando lo que ellos mismos llamaban un «tour delictivo». El modus operandi consistía en permanecer en las inmediaciones de entidades bancarias a la espera de que una víctima -en su mayoría personas vulnerables por condición o edad- se aproximase a retirar dinero en efectivo.
En el momento de realizar los reintegros, distraían y acosaban a la víctima mientras otro conseguía hacerse con el dinero. En otras ocasiones empleaban la violencia, llegando incluso a golpear a las víctimas hasta hacerlas caer al suelo. También han llegado a escupir a los ancianos para cometer el robo. Una vez los investigadores lograron identificar toda la estructura criminal de cajeristas, realizaron el pasado día 13 de octubre un dispositivo policial en el que participaron casi un centenar de agentes para la detención de todos ellos y el registro de cinco domicilios ubicados en Getafe y en Fuenlabrada.
En los mismos se encontró dinero en efectivo, varios relojes de alta gama, teléfonos móviles y diversa documentación que está siendo analizada por los investigadores. El grueso de la operación ha sido realizada por el grupo XVI de la Brigada de Policía Judicial. En el operativo policial han colaborado diversas comisarías de distrito y locales de Madrid y el Grupo de Menores, GRUME, las autoridades policiales rumanas y la Agregaduría de Interior de España en Rumanía.
Pena de prisión
Tras pasar a disposición de la autoridad judicial y a la Fiscalía de Menores, se decretó el ingreso en prisión de cinco de los 26 arrestados por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación delictiva, pertenencia a organización criminal y delito contra los derechos y deberes familiares. Asimismo, cabe destacar que estas detenciones han permitido el esclarecimiento de más de 200 delitos patrimoniales cometidos en cajeros automáticos en diferentes puntos del país. Los 37 menores inimputables; también implicados en acciones delictivas, fueron puestos, a través del Grupo de Menores de la Policía Nacional; bajo la protección del Servicio de Emergencias Sociales de la CCMM y Cruz Roja.
Las pesquisas del Grupo XVI de la Policía Judicial aún siguen abiertas ya que quedan incógnitas por desentrañar; como el destino del dinero o los lazos familiares desconocidos de los menores.
Con información de El Mundo
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