Interpol emitió una advertencia mundial para no comprar por internet vacunas contra la covid, después del desmantelamiento de redes de fraude en China y Sudáfrica que ha dado lugar a la detención de 80 personas y a la incautación de importantes cantidades de dinero.
«Nuestro principal mensaje es que las vacunas no se pueden vender en línea», sino que son solo los gobiernos los que las distribuyen, subrayó a Efe Rory Corcoran, subdirector de la lucha contra mercados ilícitos de la organización policial internacional.
A ese respecto, el secretario general de Interpol, Jürgen Stock, puso el acento en que «cualquiera que encargue una vacuna en línea en lugar de obtenerla por su proveedor nacional, estará comprando un producto falso».
Corcoran explicó que se observa «una escalada» de fraudes con las vacunas y que los delincuentes tratan de aprovecharse de personas vulnerables para ganar dinero.
La organización tiene información sobre numerosas tentativas de estafa con vacunas falsas a diferentes organismos sanitarios, incluidas residencias de ancianos.
Conforme se despliegan las vacunas, en los próximos meses, Interpol espera que esas prácticas ilegales se incrementen, sobre todo en países en desarrollo donde la gente recibe mensajes en línea en los que se asegura que se pueden comprar vacunas en la web.
Una tendencia emergente es la creación de sitios internet ilícitos que se presentan como organizaciones nacionales o internacionales que ofrecen pedidos anticipados de vacunas contra la covid.
En algunos casos, proponen el pago con bitcoins. Con frecuencia recurren a los logotipos de conocidos laboratorios farmacéuticos.
Corcoran afirmó que «los delincuentes no solo quieren vender vacunas, sino también sustraer informaciones personales».
En las redes desmanteladas se ha estimado que sus miembros habían conseguido unos dos millones de euros, pero las investigaciones continúan para seguir la traza de las posibles ramificaciones de su actividad.
Interpol recuerda que la delincuencia en torno a la crisis sanitaria también se ha traducido en ataques contra los sistemas informáticos de hospitales, laboratorios o gobiernos locales a los que han bloqueado el acceso a sus datos. En la mayor parte de los casos, se exigen rescates para conseguir el desbloqueo.
