La alta comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó este viernes que Birmania (Myanmar) ha degenerado en una «catástrofe» humanitaria con una escalada de violencia en gran parte del país desde el golpe de Estado militar del pasado 1 de febrero.
«En solo cuatro meses Birmania ha pasado de ser una democracia frágil a una catástrofe de derechos humanos. Además de la pérdida de vidas el pueblo está sufriendo un impacto grave en sus derechos sociales y económicos», indicó en un comunicado Bachelet.
«Los líderes militares son particularmente responsables por esta crisis y deben responder por ello», agregó la expresidenta chilena, quien afirmó que la junta militar, en lugar de buscar el diálogo, acusa a sus oponentes de «terroristas» y los acusa de cargos con motivaciones políticas.
«Como me temía, el conflicto armado y otros tipos de violencia se están intensificando en muchas partes de Birmania, incluidos el estado Kayah, el estado Chin y el estado Kachin, con una violencia particularmente intensa en áreas con gran presencia de grupos étnicos y minorías religiosas», explicó.
Bachelet afirmó que el Ejército birmano está usando artillería y ataques aéreos contra grupos armados y también contra civiles, con informaciones «creíbles» que acusan a los soldados de usar civiles como escudos humanos.
Señaló que al menos 108.000 personas han quedado desplazadas debido al conflicto en Kayah (este) en las últimas tres semanas, con muchos de ellos en zonas boscosas sin acceso a suficiente alimentos, agua o medicinas.
La alta comisionada también hizo un llamamiento a las «fuerzas de defensa popular» creadas por los grupos prodemocráticos y a otros grupos armados para que protejan a los civiles.
Se han producido explosiones dentro o en las inmediaciones de escuelas y miles de profesores se niegan a trabajar o han sido expulsados por la junta militar, lo que hace prever que «la gran mayoría de los niños» no tengan acceso a la educación.
Tras cuatro meses, la junta militar encabezada por el general Min Aung Hlaing no ha podido controlar todo el país a pesar de la brutal represión ejercida contra la masiva oposición popular.
Al menos 860 civiles han muerto a causa de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, que ha disparado a matar contra las manifestaciones pacíficas, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que contabiliza casi 6.000 arrestados desde el sublevamiento.
Además de las protestas, la junta militar también ha visto como se han abierto o recrudecido frentes de combate a lo largo del país contra las guerrillas étnicas y la nueva milicia del Gobierno de Unidad Nacional, formado por políticos y activistas prodemocráticos opuestos a los militares.
El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de la líder depuesta, Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.
Fuente: 800 Noticias.
