El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó este jueves, por 15 votos frente a 6, el informe crítico con la ley de vivienda del Ejecutivo; según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.
El texto, redactado por los vocales Enrique Lucas (del cupo correspondiente al PNV) y José Antonio Ballestero (nombrado a propuesta del PP); advierte al Gobierno de Pedro Sánchez, entre otras cosas, de que la vivienda «es una materia de titularidad autonómica» y de que los propietarios no serán «suficientemente compensados» al limitar su alquiler.
Este es el segundo borrador sobre la ley de vivienda que elabora el CGPJ. El primero fue redactado por el vocal Álvaro Cuesta (nombrado a propuesta del PSOE) y en general daba el visto bueno al texto; pero finalmente no reunió el acuerdo suficiente del resto de miembros, por lo que el órgano designó a Ballestero y Lucas como nuevos ponentes. El que ellos han elaborado sí ha salido adelante, aunque no por unanimidad.
El informe definitivo presenta objeciones de calado al mecanismo de regulación del precio de los alquileres; una de las medidas estrella de la ley de vivienda que, a grandes rasgos; permite a las comunidades declarar zonas de mercado especialmente tensionado para, allí, congelar los precios del alquiler; en el caso de que los inmuebles pertenezcan a un pequeño propietario; o forzar a su bajada -si el propietario del inmueble en alquiler es una empresa con más de 10 pisos-.
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El informe también opina que las medidas de control de los alquileres, habiendo «nacido para combatir los efectos de la pandemia»; «quizás» sean inadecuadas «cuando haya decaído esta». «Siendo [un] tema constitucionalmente sensible», considera la propuesta de informe; el paquete de medidas elaborado por el Gobierno «tiene un alcance limitado y un farragoso contenido».
Carga patrimonial
Asimismo, el texto hace hincapié en que «la carga patrimonial que conlleva» este mecanismo de regulación de precios «no se afronta por las administraciones públicas; sino por los arrendadores privados». Y argumenta que estos no serán «suficientemente compensados con los incentivos fiscales» que también incluye la ley para los pequeños propietarios que reduzcan el precio de sus alquileres dentro de una zona tensionada; unos incentivos que ascenderán a una rebaja de hasta el 90% en el IRPF si el casero baja la renta al menos un 5% con respecto al contrato anterior. El propietario, igualmente; podrá ahorrarse hasta el 70% del pago del impuesto si saca una nueva vivienda al mercado en una zona tensionada y se le alquila a un joven de entre 18 y 35 años.
Otra crítica es que el CGPJ considera que el Gobierno no ha incluido en la ley una «justificación suficiente» sobre por qué son necesarias las medidas de control de precios; «evaluando los beneficios sociales e inconvenientes que se pueden derivar de ellas». El informe, en esa línea, echa de menos «un análisis empírico del resultado de medidas similares en los países de nuestro entorno –e incluso en el nuestro-«; pese a lo cual el CGPJ, sin justificar su afirmación; concluye que dichas medidas tomadas en el extranjero y en algunas partes de España «han cosechado fracasos que resultan evidentes por conocidos».
Con información de 20 minutos
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