El Tribunal de Cuentas auditará las finanzas de la Casa Real. Es la medida más destacada del decreto que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros bajo el que se reforma la estructura y el funcionamiento de la institución; que a partir de ahora estará fiscalizada igual que cualquier otra corporación pública.
También se realizará un inventario de los regalos que reciba con el fin de ser «registrados y custodiados» hasta que se decida si se los queda la Familia Real, Patrimonio Nacional o se donan a organizaciones sin ánimo de lucro.
“Es un ejemplo más de la transparencia que está implementando la Casa Real”, ha asegurado en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; que ha insistido en diferentes ocasiones durante su comparecencia en que este decreto, que deberá ser ratificado por las Cortes Generales; sitúa a la Monarquía española “en el nivel más alto” entre las europeas en lo que a transparencia se refiere.
Bolaños ha sido el encargado de trabajar en el decreto junto a la propia Casa Real y ha asegurado que el texto ha contado con el apoyo de todo el Gobierno; también de los ministros de Unidas Podemos, por lo que ha sido «un acuerdo absolutamente pacífico».
Y es que ayer, tras conocerse la decisión del rey de desvelar sus bienes, la secretaria general de Podemos y ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra; rechazó el «maquillaje» de la Monarquía, al tiempo que defendió que en una democracia los ciudadanos deben elegir al jefe del Estado.
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Decreto dividido en tres bloques
El ministro de la Presidencia ha explicado que el decreto, que ha sido trabajado desde sus inicios en consonancia con el PP; se conforma en tres bloques: transparencia, eficiencia y ejemplaridad.
Es en el primero de ellos en el que se contempla la auditoría de las cuentas de la Casa Real; –saber cuánto se gasta y en qué-; por parte del organismo cuya función es fiscalizar las cuentas del resto de instituciones que no fueran la Monarquía. Y es que la Constitución lo impide, como también prohíbe al Congreso investigar al respecto; a no ser que sea la Casa Real quien se preste a ello.
En este bloque también se obligará a la institución a dar publicidad a los procedimientos de contratación que se lleven a cabo; aunque se «respetará» la autonomía que la Carta Magna otorga a Felipe VI para gastar en lo que él decida el sueldo que recibe del Estado anualmente; que alcanza los 258.927 euros brutos.
Asimismo, los altos cargos de Zarzuela deberán hacer pública su declaración de bienes. En este caso, dicha obligatoriedad no afectará al monarca, que dio este paso por primera vez este lunes. Según lo publicado por la institución que dirige, el rey cuenta con un patrimonio cifrado en 2,57 millones de euros; de los que 2,2 millones corresponden a fondos bancarios y 305.000 euros, a obras de arte, antigüedades y joyas.
Respecto al bloque de la eficiencia en el servicio público; el decreto explorará los convenios de colaboración entre la institución y la Abogacía del Estado para asesoramiento jurídico y se regula legalmente la asistencia sanitaria de la Familia Real; que ahora es prestada por la Guardia Real a través de un convenio con Defensa. Ello muestra, a juicio de Bolaños, que la «función pública» tendrá gran peso.
Inventariado de regalos
La norma que ha visto la luz este martes; -aunque no ha sido publicada íntegra- obliga a la Casa Real a realizar un inventario de los regalos que reciba la institución. Según un documento de la institución; en 2015 ya se aprobó que «con periodicidad anual» se publicara «la relación de los regalos» recibidos «durante el año anterior».
No obstante, a partir de ahora los mismos se «registrarán y se custodiarán» hasta que se decida cuál es su destino final; la Casa Real, Patrimonio Nacional u organizaciones sin ánimo de lucro a través de donaciones.
Con todo, el decreto es en sí una muestra más de la renuncia del Ejecutivo a modificar la inviolabilidad que la Constitución otorga al monarca; en este caso Felipe VI. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, siempre se ha mostrado partidario de que ese extremo no fuera así.
De hecho, también ha sido muy crítico con las informaciones publicadas sobre las investigaciones; -que han terminado siendo archivadas por esta cuestión y por la prescripción de los delitos- de las que ha sido objeto el rey emérito, Juan Carlos I.
No obstante, el Gobierno ha terminado desechando esta opción al «no darse las mayorías suficientes» para cambiar la Carta Magna. Así se manifestó la ministra de Justicia, Pilar Llop, el pasado mes de marzo y también Bolaños este martes. «La inviolabilidad está en la Constitución», ha zanjado.
Con información de 20 minutos
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