El Gobierno subirá el gasto social, sin embargo, dedicará un 25% a la compra de armamento. Dando luz verde a los que serán los terceros, y previsiblemente últimos, Presupuestos Generales de la legislatura.
Unas cuentas públicas con un gasto récord que aumenta en todas las partidas, a excepción del desempleo y los servicios de carácter general. Que incluyen nuevas medidas en materia de transporte, vivienda o sanidad y cuyo protagonista absoluto es la subida histórica de las pensiones. Se trata, además, de unos presupuestos que regirán durante un año que se presenta muy incierto para la economía. Con la posibilidad de una recesión en Europa planeando sobre el horizonte.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este lunes las cuentas de la mano de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Unos presupuestos que buscan dar «seguridad y estabilidad» a la ciudadanía en tiempos de incertidumbre. Pero bajo la bandera de la «prudencia» y de la credibilidad fiscal.
El Ejecutivo destinará un total de 485.986 millones de euros a políticas de gasto en 2023. De los cuales 30.008 millones irán con cargo a los fondos europeos de recuperación. Estos algo menos de 500.000 millones suponen un incremento en el gasto de 34.517 millones en comparación con las cuentas de 2022 (un 7,6% más).
La partida de mayor tamaño en los presupuestos volverán a ser las pensiones. Que se llevarán uno de cada cuatro euros del gasto total destinado a políticas públicas. El Estado hará un esfuerzo de 19.547 millones de euros para sufragar la subida de estas prestaciones con el IPC de 2022. Que Hacienda sitúa en el 8,5%.
El incremento del gasto final rondará el 11,4%, pues a las subidas con el IPC hay que sumar la entrada en el sistema de nuevos pensionistas. En conjunto, la subida de las prestaciones se comerá casi un 60% del gasto extra que el Gobierno ha previsto en políticas sociales para 2023.
Las pensiones se enmarcan dentro de que el Gobierno considera gasto social, una partida que se regará con 274.445 millones, el 57% de todo lo presupuestado. En este apartado, las cuentas para 2023 incluyen un mayor desembolso en todas las partidas, salvo en desempleo, donde el gasto se ha reducido un 5,1% por la mejoría prevista en el panorama laboral el año próximo.
El Ejecutivo aumentará además un 15,2% (938 millones más) el gasto en servicios sociales y otras medidas de promoción social. Y también lo hará en políticas para fomentar el empleo, cuyo presupuesto aumenta en un 5% (381 millones).
Dentro del gasto social, María Jesús Montero ha anunciado hoy un nuevo plan para fomentar el alquiler asequible. Al que se destinarán 260 millones de euros, que se suman a otros 200 más previstos para sufragar el bono joven al alquiler, que ya está en vigor. El Gobierno destinará también 700 millones de euros adicionales para prorrogar la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia durante todo el año próximo.
De igual manera, también crecerá el gasto en política sanitaria (un 6,7% más, 443 millones). Que irá fundamentalmente a sufragar mejoras en las infraestructuras de atención primaria y salud mental. En educación (un 6,7%, 331 millones más) buena parte para impulsar becas y ayudas y en dependencia, que sumará otros 600 millones más.
Fuera de las cuentas públicas para 2023 se quedan, por ahora, las medidas del plan de choque contra la crisis surgida por la invasión de Ucrania. El Ejecutivo debe concretar todavía en próximas reuniones cuáles de estas políticas de apoyo se prorrogarán de cara al año que viene.
El gasto en defensa se dispara un 26%
Más allá de las políticas sociales, las cuentas públicas de 2023 traen otras novedades importantes. Por ejemplo, el Gobierno ha elevado el gasto en defensa un 26% para avanzar hacia su objetivo de que alcanzar el 2% del PIB antes de que acabe la década. Tal y como se comprometió a hacer ante la OTAN en la cumbre celebrada en Madrid el pasado junio.
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El gasto en personal es otra de las partidas que aumentan en estos presupuestos. El Ejecutivo ha presupuestado 1.273 millones adicionales (un 6,6% más) para hacer frente a la subida salarial a los funcionarios prevista para el año próximo. Un apartado en el que solo se incluyen las revalorizaciones en los sueldos del sector público del Estado. Del que forman parte medio millón de trabajadores. Además, el Estado tendrá que aflojar 1.000 millones de euros más (una subida del 3,7%). Que el año pasado para hacer frente al pago de los intereses de la deuda en plena escalada de subida de tipos del BCE.
Cuadrar las cuentas a base de ingresos extra
En un contexto de gran incertidumbre económica, el Gobierno cree que es posible aumentar el gasto y aun así cuadrar las cuentas. En este aspecto, la gran baza con la que cuenta el Estado son unos ingresos fiscales que se espera sean también elevados el año que viene. El Ejecutivo calcula que el año próximo recaudará 18.710 millones de euros más que este año. Una cifra que supone algo menos de la mitad del incremento en políticas de gasto previsto.
La postura gubernamental es que una buena parte del boom en la recaudación que se ha vivido este año ha venido para quedarse. Por lo que considera que esos ingresos son estructurales. Con todos estos elementos, el Ejecutivo espera cerrar unos presupuestos con un déficit del 3,9% el año próximo.
Sin embargo, las previsiones macroeconómicas con las que el Ejecutivo ha dibujado estos presupuestos están rodeadas de incertidumbre. La Autoridad Fiscal, la Airef, ha dado el visto bueno al cuadro macroeconómico del Gobierno este mismo martes. Pero ve riesgos notables de que puedan pasarse de optimistas. El vigilante fiscal prevé un crecimiento del PIB del 1,5% el año próximo, seis décimas menos que lo que espera el Ejecutivo.
Con información de 20 minutos
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