Un día después de que el Tribunal Supremo sentenciara que Álvaro García Ortiz incurrió en una «desviación de poder» cuando promocionó a Dolores Delgado a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, el Gobierno de Pedro Sánchez ha informado hoy que mantiene la confianza en él y que volverá a ser nombrado fiscal General del Estado.
Según informan fuentes gubernamentales, García Ortiz será designado fiscal general «hasta 2027» en el Consejo de Ministros que se celebrará el próximo día 28.
El actual fiscal general llegó a la jefatura del Ministerio Público en septiembre del año 2022 cuando la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, cesó del cargo de fiscal general por motivos de salud y por el intenso desgaste sufrido durante su etapa como máxima responsable de la Fiscalía.
Su breve mandato no ha estado exento de polémicas, gran parte de ellas vinculadas a su predecesora. La Carrera Fiscal criticó duramente que García Ortiz ascendiera a Delgado a los dos meses de llegar al cargo cuando la ex ministra era quien previamente lo había promocionado a él. Ayer, el Alto Tribunal señaló que se trató de un caso «innegable» de desviación de poder y anuló el citado ascenso a fiscal de lo Militar.
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Meses después, el actual fiscal general se enfrentó, en una situación sin precedentes, al Consejo Fiscal para volver a beneficiar a Delgado y nombrarla para la plaza que siempre soñó y por la que luchó para que fuera creada: fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.
Álvaro García Ortizhurtó al Consejo Fiscal la posibilidad de pronunciarse sobre la incompatibilidad para el cargo de Delgado por su relación sentimental con el ex juez Baltasar Garzón, administrador único del despacho Ilocad y titular de la fundación FIBGAR, especializados ambos entes en la materia que controla en la actualidad Delgado.
Este nombramiento, que también ha sido impugnado ante el Supremo, provocó que históricos fiscales de la Unión Progresista de Fiscales, a la que siempre han estado ligados tanto García Ortiz como Delgado, se dieran de baja en señal de protesta.
La ultima polémica protagonizada por García Ortiz se ha producido por su negativa a condenar el acuerdo del PSOE y Junts sobre el término lawfare.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los TSJ, las audiencias provinciales y los jueces decanos de España han emitido comunicados criticando el reconocimiento de este término y alertando del riesgo para la separación de poderes que conlleva los términos del acuerdo político firmado entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.
Un total de 18 fiscales del Tribunal Supremo mostraron ayer su «decepción» por la «falta de voluntad» del fiscal general «de salir al paso de las injuriosas insinuaciones que sobre la actuación de los fiscales que intervinieron en la causa penal conocida como el procés y sus derivadas, se han plasmado en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts, conocidas como lawfare».
Estos miembros de la Fiscalía le reprocharon al unísono que «ignorara deliberadamente la respuesta a la gravísima situación que vive el Ministerio Fiscal y a la demanda de amparo formulada por los Fiscales del procés».
Con información de: El mundo
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