La Comunidad de Madrid está planteando en la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades, introducir un régimen sancionador para las instituciones frente a escraches y acampadas de sus alumnos, cuestión que está todavía por determinar y consensuar con los rectores.
Estas medidas sancionadoras -económicas o administrativas- aún no se han especificado al detalle dentro de la normativa pero podrían contar con diferentes gradaciones de infracciones (leve, grave o muy grave) para establecer la sanción correspondiente a las universidades, ha explicado el consejero de Educación, Emilio Viciana, en un encuentro con periodistas.
Así lo anunció Viciana durante un encuentro informativo, donde aseguró que ya se ha presentado a los rectores de los centros tanto públicos como privados las líneas generales de esta futura ley que está desarrollando el Ejecutivo regional.
Entre otros aspectos, la norma aborda el establecimiento de un sistema de financiación plurianual para las universidades públicas, asociado al cumplimiento de objetivos.
Viciana ha incidido en que será una «sanción institucional» a la universidad donde se produzcan los «incidentes», como pueden ser cortes en la vía pública o la «invasión» de edificios por parte del alumnado, a lo que ha añadido que con esta medida no pretenden frenar «la plena autonomía universitaria y la libertad de manifestación, la libertad de concentración y la libertad de cátedra».
El objetivo, según ha especificado el consejero, es crear un marco jurídico que establezca «los límites que no se pueden cruzar» y dar herramientas a las universidades para poder abordarlas ya que «su autonomía no es ilimitada» y, en ocasiones, «choca con el cumplimiento de las leyes».
Así, la Consejería de Educación apunta a que hay que garantizar la libertad de expresión «dentro de unos límites» ya que hay que asegurar el «buen funcionamiento de la vida universitaria» y “garantizar el orden público, el decoro, la libre circulación y el libre acceso en los campus universitarios”. Además apuntó a que habría que valorar cada caso concreto.
De este modo, tomando como ejemplo las acampadas estudiantiles pro Palestina que se organizaron en la Universidad Complutense de Madrid en el pasado mes de mayo, dijo que “las acampadas en principio son una manifestación más, no plantean ningún problema, pero en el momento en el que se invade un espacio público, impidiendo el acceso a otro, o en el momento en el que se cortan las vías para que no puedan pasar los vehículos, para que no puedan pasar los propios estudiantes, pues ahí tenemos un problema”, ahondó.
“Nosotros lo que queremos es sancionar a las instituciones que no cumplen y sobre todo lo que queremos es garantizar el acceso a los estudios y a la vida universitaria”, explicó. Apuntó, por tanto, a una sanción a las universidades y no al propio alumnado, aunque remarcó que aún no hay nada cerrado.
Con información | Telemadrid
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