Los vecinos de la calle Cullera (Latina) llevan años en pie de guerra contra los narcopisos que suministran droga diariamente. Reclaman a las administraciones que les ayuden a erradicar los problemas de convivencia y la inseguridad que sufren.
Han tenido reuniones con la delegación del Gobierno en Madrid, con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento. Este viernes vuelven a mantener un encuentro con el Gobierno municipal para tratar de poner remedio a la situación.
El Consistorio lo identifica como uno de los principales focos de venta de estupefacientes de la ciudad, especialmente desde el desmantelamiento de parte de la Cañada Real.
Por eso, conscientes de que el principal problema es la inseguridad, según las demandas vecinales, han propuesto medidas para remediar la situación.
El vallado de zonas interbloques permitiendo el acceso solo a los vecinos residentes, reformar caminos que permiten pasar a través de una propiedad privada a otra, retirar bancos de callejones y podar arbustos son algunas de las propuestas.
La vicealcaldesa de Madrid y portavoz de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha detallado las actuaciones que ha llevado a cabo el Consistorio para tratar de mejorar la situación aunque vuelve a reiterar que la solución principal ha de darla la delegación del Gobierno, que tiene las competencias en seguridad.
Desde 2020, el Ayuntamiento ha invertido 11 millones de euros en actuaciones tanto en el entorno de Cullera como en el barrio de Lucero, lo que demuestra que «para el Ayuntamiento es una absoluta prioridad la actuación en esa zona de Madrid», asegura Sanz.
La Policía Municipal ha incrementado la presencia en los últimos tres meses y desde el 15 de octubre ha detenido a 34 personas.
La intensificación de la vigilancia en las calles Cullera, Gallur y los alrededores con diferentes turnos ha resultado en más de 160 controles de seguridad y alcoholemia con 33 minutas puestas en conocimiento en comisaría de la Policía Nacional por diversos delitos.
En este sentido, Sanz ha recordado que está aprobada la instalación de 18 cámaras de videovigilancia en la calle Cullera para anticipar posibles conductas que atenten contra la seguridad y convivencia. Algunas estarán dedicadas al reconocimiento de matrículas pero, «dado lo tedioso del proceso administrativo y la instalación, no estarán en funcionamiento hasta finales de 2025».
Con información de 20 minutos
