La misión de investigación de La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha presentado al Cosejo de Derechos Humanos el informe que relata «las flagrantes violaciones de derechos», como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidas en el país desde 2014.
En dicho informe el organismo señala al presidente venezolano Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa, que además de «tener conocimiento de los crímenes, dieron órdenes que desembocaron en esos crímenes».
Tras investigar 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas, y tras examinar otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes, la ONU reclama la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Además, insta a otras jurisdiccione así como a la Corte Penal Internacional a «emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó».
«El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza», señalan desde la Misión Internacional de la ONU tras la publicación de su informe.
Los integrantes de la misión constataron que «el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos en Venezuela». Se han identificado patrones de violaciones y crímenes «altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad».
«Las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El presidente Nicolás Maduro y los inistros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.
La Misión encontró «motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad», ha afirmado la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.
