José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, dijo que se estipulan 36 millones de euros en el importe de las multas impuestas por el acceso indebido a Madrid Central y que serían devueltas en caso de que la sentencia que anula el área de bajas emisiones en el centro de la capital sea firme. El Consistorio decidirá si recurre o no la medida en función de los informes jurídicos y técnicos del Consistorio.
Así lo ha declarado el mandatario madrileño durante su visita a la sede de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) desde Carabanchel, donde ha pedido que «no se hagan hipótesis» sobre las cuantías de las multas puesto que aún no se ha decidido el recurso.
El Alcalde indicó que se han impuesto más de 800.000 multas por el acceso indebido a Madrid Central, «teniendo en cuenta que el Gobierno anterior, hasta las elecciones decidió no sancionar». «Casualmente dio la orden dos días después», ha lanzado.
Serán los servicios jurídicos del Consistorio quienes determinen «el régimen aplicable a las sanciones» pero, por ahora, el regidor ha reiterado que «no cabe hacer ninguna presunción o juicio sobre si se van a anular o no».
Ha precisado el regidor madrileño que «mientras la sentencia no sea firme, Madrid Central sigue en vigor, y se tienen que seguir respetando las normas que regulan Madrid Central; las invitaciones que corresponden siguen en vigor mientras la sentencia no sea firme».
Respuesta de la Comunidad
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha sostenido que respeta la «autonomía local» del Ayuntamiento de la capital y evita pronunciar sobre si el Consistorio debe o no recurrir la anulación de Madrid Central.
Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios, tras participar en una mesa redonda en los Cursos de Verano de San Lorenzo de El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid.
López manifestó su respeto a la decisión judicial, «que tiene como origen unos recursos planteados por el PP y la propia Comunidad de Madrid», así como por «el ámbito de autonomía local» del Consistorio, «que es quien tiene que ejecutar la sentencia o tomar una decisión al respecto». «Desde luego yo no voy a inmiscuirme lo más mínimo», ha sostenido.
