El Ejército de Birmania declaró este lunes el estado de emergencia al tomar el control político del país durante un año tras detener a varios miembros del Gobierno, según el canal de televisión controlado por los militares.
El hasta ahora vicepresidente, Myint Swe, que fue nombrado en el cargo por los militares gracias a los poderes que les reserva la actual Constitución, asume la presidencia; mientras que el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, controlará a las autoridades, apuntó el canal Myawaddy News, reseñó EFE.
La toma del poder castrense llega pocas horas después de la detención de parte del Ejecutivo, entre ellos su líder de facto, Consejera de Estado y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y el hasta este lunes presidente, Win Myint, además de otros políticos y activistas, informó un portavoz del partido gubernamental Liga Nacional para la Democracia (LND).
Las líneas de teléfono y comunicaciones permanecen cortadas desde primera hora de la mañana en todo el país mientras que el único medio de comunicación que está emitiendo es el canal de los militares.
El parlamento de Birmania tenía previsto celebrar este lunes la primera sesión de la legislatura tras las elecciones de noviembre de 2020, cuando la LND, formación de Suu Kyi, consiguió una aplastante victoria.
Los rumores de golpe de Estado se habían ido intensificando desde que el pasado martes el portavoz militar Zaw Min Tun se negara a descartar la toma del poder por parte del Ejército tras denunciar supuestas irregularidades en las elecciones legislativas del pasado 8 de noviembre.
El poderoso Ejército de Birmania, que gobernó el país entre 1962 y 2011, cuando se inició una transición controlada hacia la democracia, finalmente rechazó el sábado esa posibilidad y garantizó en un comunicado su compromiso con la defensa de la Constitución.
La aplastante victoria electoral de Suu Kyi demostró su gran popularidad en Birmania, a pesar de su mala reputación internacional por las políticas contra la minoría rohinyá, a la que gran parte se le niega la ciudadanía y el voto, entre otros derechos.
Las supuestas irregularidades fueron denunciadas en primer lugar por el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), la antigua formación gubernamental creada por la anterior junta militar antes de disolverse.
La Comisión Electoral negó el fraude electoral en los comicios de noviembre, ganados con una mayoría aplastante por la Liga Nacional para la Democracia al conseguir el 83 por ciento de los 476 asientos del Legislativo.
El USDP fue el gran perdedor de las elecciones, al lograr solo 33 escaños, y se negó a aceptar los resultados, llegando a pedir que se celebren nuevos comicios organizados por el Ejército.
Los militares, que redactaron la actual Constitución en un plan de ruta para lograr una “democracia disciplinada”, contaban ya con grandes poderes en el país, al disponer del 25 por ciento de los escaños del Parlamento y de los influyentes ministerios del Interior, Fronteras y Defensa.
Fuente: EFE
