La primera parte de la legislatura en la Comunidad de Madrid traerá una nueva ley del Suelo autonómica, una regulación que ya está dando sus primeros pasos en el seno de la Consejería de Medio Ambiente, Interior y Agricultura con la confección de un borrador. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso persigue «facilitar» el desarrollo económico y urbanístico en la región «simplificando» procesos y plazos de tramitación, así como «flexibilizando» la calificación de usos de los terrenos en aras de impulsar la construcción de vivienda nueva.
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«Permitirá dotar de mayor agilidad al proceso de planeamiento», subrayan desde el departamento que dirige Carlos Novillo. «Se busca conseguir un urbanismo con mayor autonomía municipal, donde la ordenación detallada sea propia del municipio debiendo en todo caso encajarse con la ordenación del territorio», agregan las mismas fuentes.
El contexto en el que se promueve esta reforma legislativa no es casual: la presidenta madrileña y otros miembros de su gabinete han convenido en apellidar a esta legislatura como «la de la vivienda» y el nuevo texto se está diseñando para mitigar el «déficit estructural» de viviendas que sufre la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional defiende que la puesta a disposición de mayor cantidad de m2 para construir vivienda, además de dinamizar la economía, desencadenará una bajada de los precios de los pisos al haber más oferta en el mercado.
La ley del Suelo vigente en la región data de 2001. Desde entonces se ha reformado en cerca de una veintena de ocasiones, la última con la ley Omnibús y previa a esta modificación en el otoño de 2020, un cambio normativo que motivó un recurso de inconstitucionalidad de la oposición por la votación que se llevó a cabo en la Asamblea regional.
La redacción aún está en fase embrionaria, por lo que no se espera que se conozca un texto con detalles hasta bien entrado 2024. En cualquier caso, ya se ha trasladado que el Ejecutivo aspira tanto a la simplificación de trámites como a la armonización del marco autonómico en materia de urbanismo para que sea una realidad esta legislatura.
Hacia un nuevo modelo de vertederos
Otra de las iniciativas legislativas que verá la luz a corto plazo es la ley de Economía Circular, que ya ha iniciado su tramitación. «Permitirá avanzar hacia el vertido cero e incentivar un mercado que genere nuevas oportunidades para las empresas y municipios de la región», destaca el Gobierno que lidera Díaz Ayuso.
Este proyecto ansia involucrar al conjunto de la sociedad madrileña en la protección del medio ambiente, tanto promoviendo el uso responsable y eficiente de los recursos naturales a su alcance como apostando por incrementar la vida útil de los productos, así como practicando el máximo nivel de reciclaje y revalorización de los residuos.
Se busca que el mayor número de residuos generados en la comunidad puedan volver de nuevo a la cadena de producción de alguna forma, y en este esquema cobran vital importancia los vertederos que hay en la región. «La nueva estrategia de economía circular 2025-2032 avanzará en la transformación del actual modelo de depósito en vertedero hacia uno de tratamiento de residuos», adelanta fuentes gubernamentales.
El modelo a seguir es el complejo de reciclaje de Loeches, dependiente de la Mancomunidad del Este. Durante los últimos años la Comunidad ha invertido en la modernización de estas instalaciones para incorporar las últimas tecnologías en la valorización de residuos y ahora quiere llevarlas a las plantas del noroeste (Colmenar Viejo) y del sur (Pinto). «Se dotará con 450 millones de euros a estas dos mancomunidades y a la del este en los próximos 20 años», subrayan la consejería que dirige Novillo, que tratará de liderar el cambio de paradigma a lo largo de estos cuatro años.
Renovación de alcantarillado
En paralelo a la renovación de las plantas de reciclaje, la Comunidad de Madrid también destinará fondos a la adecuación de las redes de alcantarillado. A través del Canal de Isabel II, y dentro del denominado Plan Sanea, se invertirán unos 500 millones en más de 90 localidades para mejorar y hacer más eficientes las redes de saneamiento.
Este proyecto ya tiene un antecedente inmediato, porque actualmente se está ejecutando la renovación de unos 300 kilómetros de tuberías y desagües en diferentes municipios, una iniciativa que cuenta con 400 millones de financiación. Estas labores, además de mejorar el servicio, permiten prevenir inundaciones, vertidos y otros problemas derivados de las redes de alcantarillado.
Con información | 20MINUTOS
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