El año 2022 fue el más violento en una década para el colectivo LGTBI. Los ataques hacia las personas LGTBI se han disparado hasta alcanzar niveles «sin precedentes». El último informe de la ONG Región Europea de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Asociación Transgénero e Intersexual (ILGA-Europa), revela que 2022 fue el año más violento para el colectivo LGTBI de la región de la última década.
El crecimiento de los discursos de odio por parte de «políticos, líderes religiosos, organizaciones de derecha y expertos de los medios de la comunicación» son, según la organización, la «raíz» de ese «creciente fenómeno del discurso anti LGTBI».
«Llevamos años diciendo que el discurso del odio en todas sus formas se traduce en violencia física real. Este año hemos visto que la violencia es cada vez más planificada y mortal. Generando que las personas LGBTI se sientan inseguras en países de toda Europa». Alertó este lunes la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis.
Según la organización, que agrupa a más de 700 organizaciones de 54 países, en el último año proliferaron noticias de asesinatos y suicidios de personas del colectivo por toda la región, «y no solo en los países considerados más regresivos». «Los ataques con la voluntad consciente y deliberada de matar y herir han aumentado a niveles sin precedentes. Incluidos dos ataques terroristas en bares LGBTI en Noruega y Eslovaquia, en los que murieron cuatro personas y 22 resultaron heridas», detalla el informe.
El informe concluye que, aunque el discurso del odio y sus consecuencias han alcanzado niveles críticos. Los tribunales nacionales y locales «están reaccionando y los procesamientos están aumentando en varios países». Destaca, además, el caso de Finlandia y España, donde se hicieron «enormes esfuerzos» por impulsar el reconocimiento legal de la autodeterminación de género, «a pesar de la feroz oposición».
La retórica antitrans gana terreno en España
En ese sentido, la 12ª edición del informe señala que, en España, la retórica antitrans continuó «ganando terreno» en 2022. En reacción a la tramitación de la ley trans, recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados. Señala incluso el momento de tensión que se vivió en las Cortes cuando el PSOE registró sus enmiendas para limitar la posibilidad de que los menores de entre 14 y 16 años puedan cambiar su sexo en el DNI, «algo que la sociedad civil condenó».
El documento, de hecho, llega a recordar que «por primera vez en la historia» la manifestación del 8-M, Día Internacional de la Mujer, marchó dividida en dos rutas distintas. Según el apoyo o el rechazo a la autodeterminación de género (algo que se repetirá también este año).
ILGA Europa alerta también de que los crímenes de odio continuaron siendo un «serio problema» en España el año pasado, y se remite a los datos del Ministerio del Interior. Que registró 466 delitos de odio en 2021, un récord histórico y un aumento considerable (del 68%) respecto a los 277 documentados en 2020. Uno de cada cuatro delitos de odio iba dirigido a personas del colectivo LGTBI.
El informe menciona algunas agresiones cometidas a lo largo del año pasado en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao; recuerda el asesinato de Samuel Luiz en A Coruña; y la aparición de grafitis anti-LGTBI en algunos pueblos del país.
Pin parental y terapias de conversión
Además, ILGA denuncia que en 2022 continuaron llevándose a cabo las «terapias de conversión». Y señala a la Comunidad de Madrid por no presentar cargos contra el obispado de Alcalá de Henares que impartió cursos para «curar» la homosexualidad. Celebra, en ese sentido, que la nueva ley trans contemple la prohibición de este tipo de terapias destinadas a modificar la orientación o identidad sexual de una persona, así como las cirugías a las personas intersexuales con menos de 12 años.
En cuanto a la educación, el informe remite a las elecciones de Castilla y León. Y señala a la intención que tuvo en un principio su nuevo presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de impulsar un pin parental en la comunidad para vetar la educación sexual en los colegios. Medida a la que, no obstante, finalmente tuvo que renunciar.
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Recuerda también, en ese sentido, cuando una jueza de Castellón ordenó paralizar el préstamo de 32 libros de temática LGTBI en 11 institutos públicos de secundaria y un centro de menores. Tras recibir una denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos y bajo la consideración de que su lectura podría producir «perjuicios irreparables» al alumnado.
En el terreno sanitario, la ONG lamenta el cierre en 2022 de distintas clínicas especializadas en enfermedades de transmisión sexual (ETS) y el traslado de sus servicios. Por orden de distintas comunidades autónomas, a la atención médica general.
Un Pacto de Estado contra los discursos de odio
Ante estas conclusiones, la Federación Estatal LGTBI+ y otras entidades de la sociedad civil han exigido impulsar «con urgencia». Un Pacto de Estado contra los discursos de odio. «Tenemos ley, pero el odio va a seguir existiendo y mientras siga alimentado desde las instituciones públicas las personas LGTBI+ seguiremos sufriendo agresiones y ataques en las calles». Sentenció la presidenta de FELGTB, Uge Sangil.
«En España, el ascenso de la ultraderecha a las instituciones públicas ha provocado que, en organismos como el Congreso de los Diputados, tengamos que escuchar discursos que creíamos ya relegados a tiempos pasados. Como que existe un alarmante aumento de casos de homosexualidad y la transexualidad, como si ser LGTBI+ fuera una enfermedad, una pandemia». Denunció este lunes Sangil en un comunicado de la Federación.
Con información de 20 minutos
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