El plan antifraude de Ayuso para evitar anomalías con los fondos UE. El debate político que se ha generado sobre el reparto de los fondos europeos que lleva a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez ha saltado al terreno judicial en la última semana; después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; presentara un recurso ante el Tribunal Supremo por distribuir de forma «sectaria» y «partidista» nueve millones para cuatro autonomías (ninguna del PP).
Para evitar este tipo de conflictos, la región madrileña aprobó su Plan de Medidas Antifraude para la gestión de este dinero; un requisito que es de obligado cumplimiento para las administraciones públicas que ejecuten dichas ayudas para afrontar la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.
Esta medida, que recibió luz verde en el Consejo de Gobierno, permitirá garantizar y declarar que, en el ámbito de actuación de la Comunidad; el dinero procedente de la Unión Europea se ha utilizado de acuerdo con las normas aplicables en materia de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
En concreto, fuentes del Gobierno madrileño han señalado que este Plan Antifraude se desarrolla en tres niveles de control para evitar irregularidades en la administración de los fondos; un primer nivel «interno del propio órgano ejecutor» que corresponde al control primario. Su objetivo es dar seguridad en la gestión sobre el cumplimiento de requerimientos legales; de objetivos y de buena utilización financiera exigidos mediante procedimientos administrativos ordinarios.
Además, en esta primera etapa se realizará el seguimiento de que las actuaciones abordan los contenidos temáticos establecidos; el cumplimiento de hitos y objetivos; la doble financiación, el análisis de conflicto de intereses; la investigación de la corrupción y el control del fraude.
Control interno de organismos
El segundo nivel se corresponde con el «control interno de organismos independientes«, como las Intervenciones Generales o los Servicios Jurídicos; que actúan de forma independiente respecto a los órganos que gestionan el gasto. Entre sus actuaciones están la participación en mesas de contratación; los informes previos de las bases reguladoras de subvenciones; el control de legalidad y fiscalización previa sobre los actos de ejecución de gasto.
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Y en cuanto al tercer nivel, que incluye «auditorias y controles ex post«; por parte de la Intervención General de la Administración Estado (IGAE); realiza el control financiero que actúa sobre los otros dos con plena autonomía respecto al órgano o entidad cuya gestión sea objeto de control.
Prevención, detección y corrección del fraude
En el ámbito de la prevención, este Plan incluye un «código ético y de conducta» aplicable a todo el personal involucrado; una formación y concienciación a través de jornadas, talleres y cursos dirigidos a las autoridades y personal de la Comunidad de Madrid.
En cuanto a la detección, el Gobierno regional desarrollará «auditorías internas» en el marco de lo que establezca la IGAE. Se informará de los sistemas de comunicación existentes para las «quejas y denuncias» como son el canal público de la IGAE; y el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid con su buzón de consultas abiertas.
A su vez, el Ejecutivo madrileño destaca que establecerá un catálogo de indicadores (banderas rojas) de riesgo de fraude en la línea de las recomendaciones de la Comisión Europea en la materia.
En el ámbito de la corrección y persecución, una vez detectado un caso de presunto fraude los órganos gestores valorarán si es preciso abrir una investigación; y si procede emprender la recuperación de los importes indebidamente percibidos y, en su caso, la acción penal.
Con información de 20 minutos
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