La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer la extradición a Estados Unidos del exjefe de seguridad de Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa; que es reclamado por las autoridades norteamericanas por pertenecer a una trama de corrupción asociada al canje de divisas (dólar) y al blanqueo de capitales junto a su mujer; la extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén; conocida también por ser antigua enfermera del expresidente venezolano y Raúl Gorrín, dueño del canal de noticias venezolano Globovisión.
En el auto de extradición, los magistrados de la Sección Segunda recogen que los hechos constituyen; según la legislación de Estados Unidos, delitos de asociación delictiva para cometer lavado de dinero y lavado de instrumentos monetarios.
En la legislación española, estos hechos están sancionados como delitos de blanqueo de capitales cometidos en el seno de una organización criminal; de acuerdo al Código Penal.
El auto también explica la situación de Velázquez Figueroa devenida de la obtención de la nacionalidad española (DNI expedido el 20 de abril de 2021); que en un principio su defensa esperaba utilizar a su favor para intentar frenar su extradición a Florida.
Pero la Sala manifiesta que no consta que la nacionalidad española del requerido «fuera adquirida con el fraudulento propósito de hacer imposible la extradición». Y que en todo caso; ya la Sala se ha pronunciado en ocasiones anteriores en el sentido de que «la cláusula facultativa de la entrega prevalece sobre la prohibición de entrega de los nacionales»; entendiendo que la Constitución no contiene prohibición de entrega de los nacionales.
Cumple todos los requisitos
La Audiencia Nacional considera que en el caso del ex guardaespalda de Chávez se cumplen todos los requisitos necesarios para aprobar la extradición; como que los hechos sean delito en ambos países (doble incriminación) que estén castigados con más de un año de prisión (mínimo punitivo); así como que no estén prescritos. La resolución no es firme y frente a ella cabe un recurso de súplica a interponer por parte de la defensa de Velázquez ante el Pleno de la Audiencia Nacional.
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El Tribunal del Distrito Sur de Florida solicita al exjefe de seguridad de Chávez por haber participado desde 2008 hasta 2017 de una estratagema corrupta con relación al cambio de moneda extranjera; donde el matrimonio chavista recibió «pagó de cientos de millones de dólares en sobornos»; para efectuar las operaciones a «tasas favorables» valiéndose del cargo que ocupaba su mujer; lo que le habría reportado beneficios de cientos de millones de dólares.
Gorrín habría autorizado pagos de sobornos que ascenderían por lo menos a unos 65 millones de dólares; específicamente detalla una transacción de 8,6 millones de dólares de cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en el sur de la Florida a beneficio de Díaz y Velázquez.
Además de los sobornos que pagó Gorrín a través de transferencias electrónicas; también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos, relojes; y hasta una marca de diseñador de modas en el Distrito Sur de Texas a beneficio de ambos.
La enfermera compró 250 lingotes de oro; de un kilo cada uno y guardó su fortuna en una cámara secreta a través de una empresa fantasma establecida en la isla caribeña San Vicente y las Granadinas; según registros judiciales de Liechtenstein obtenidos por AP.
Con información de ABC
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