La Fiscalía de Barcelona ha pedido ocho años y dos meses de cárcel para la cantante Shakira. A la que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014.
El Ministerio Público ha presentado su escrito de acusación ante el juzgado de instrucción número dos de Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Ha sido después de que la Audiencia de Barcelona avalara que debe ir a juicio ante los indicios de que desde 2012 residía en España. Y, por lo tanto, estaba obligada desde entonces a tributar en este país. Y también después de que la cantante rechazara llegar a un acuerdo extrajudicial.
La artista colombiana, que ya ha devuelto los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses. Está encausada a raíz de una querella de la Fiscalía de Barcelona, que le ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena. Porque cada uno de los delitos está castigado con penas de hasta seis años.
En concreto, los tributos que Shakira defraudó presuntamente son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) -con un total de 12.371.197 euros- y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) -2.191.771 euros-, sumando entre los dos un total de 14.562.968 euros.
De hecho, como ninguna de las penas individuales, supera los dos años de cárcel y la artista carece de antecedentes. En caso de una eventual condena, podría beneficiarse de una suspensión de la pena. Y así evitar su ingreso en prisión, si así lo acuerda el tribunal.
En todo caso, aún dispone de tiempo para pactar con las acusaciones.
El escrito de la fiscalía
La Fiscalía sostiene que la cantante colombiana vivía en España «de manera habitual» entre los años 2012 y 2014: primero en Barcelona y después en una vivienda de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que compró con su expareja Gerard Piqué, a través de una sociedad.
Según el Ministerio Público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por «motivos profesionales, con una duración muy corta».
A excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense The Voice (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).
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De esa forma, teniendo en cuenta el concurso estadounidense y otras estancias profesionales en otros lugares, la acusada permaneció en España de forma efectiva 242 días en 2012, 212 en 2013 y 243 en 2014.
Y sus ausencias del país.»deben calificarse de esporádicas» y computarse como permanencia en este país, según la Fiscalía, que se remite a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
Al haber residido en España más de 183 días al año, mantiene la acusación pública, Shakira «era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial.
Con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que fuese la residencia del pagador», tanto respecto al IRPF como al impuesto del patrimonio.
Un entramado societario
Para evitar tributar en España, añade la Fiscalía, Shakira «utilizó un entramado societario», con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio a la Agencia Tributaria española y catalana.
La Fiscalía sostiene que el «plan» de la cantante consistía en que sus empresas figuraban formalmente como titulares de las rentas.
Mientras que ella solo constaba «en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales» a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.
«Todas estas sociedades carecieron de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativos», agrega el ministerio público.
Que cree que el único fin del entramado era «ocultar a la Hacienda pública las rentas y el patrimonio de la acusada».
Asimismo, asesorada por varios profesionales, los años 2008, 2012 y 2013.
La cantante llegó a acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling.»para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación» los años 2008, 2012 y 2013, mantiene la Fiscalía.
Esos acuerdos, según el ministerio público, dieron pie a una «mínima tributación fiscal», de tan solo el 2 % de la renta bruta generada.
Permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos.
La Fiscalía mantiene que los últimos acuerdos Tax Ruling los suscribió cuando ya vivía de manera habitual en España.
Pero «en ningún momento puso en conocimiento de las autoridades tributarias españolas dichos acuerdos».
Con información de 20 Minutos
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