El Ministerio de Consumo esta preparando una ley para quitar cualquier número de tarificación adicional en los servicios de atención al cliente, los conocidos 902, esto es como medida de “justicia social” para ponerle fin a un “abuso generalizado” en el contexto de la pandemia por las restricciones de aforo, movilidad y presencialidad que esta ha impuesto.
Así lo adelantaron fuentes del departamento de Alberto Garzón, ya que entiende que los servicios de atención al cliente “no pueden ser un coste para el bolsillo de consumidores y un negocio para unas pocas empresas”.
Consumo garantiza que los consumidores colocarán siempre de un número geográfico de tarifa básica para sus relaciones con las empresas y recalcó que, de este modo, concluirá con “abusos y sobrecostes” en las facturas mensuales a través de una medida la cual le favorecerá toda la población, especialmente, aquellas que tienen pocos recursos.
Por lo tanto, cambiará el artículo 21.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Lgdcu) con el fin de “precisar” este punto, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea e impedir que las compañías puedan aplicar a las llamadas a sus servicios de atención al cliente precios que excedan el precio de llamada a una línea telefónica geográfica.
El objetivo se abrirá un proceso de consulta pública a la ciudadanía y de trabajo con las asociaciones de consumidores y la sociedad civil.
