Italia investigará los posibles episodios de violencia en las cárceles del país, tras la difusión de un vídeo en el que se ve cómo varios agentes maltratan a detenidos en la prisión de Santa Maria Capua Vetere (Campania, sur) tras una revuelta durante el primer confinamiento por la pandemia, un caso que puede llevar a la ministra de Justicia a comparecer ante el Parlamento.
El vídeo, en el que se ve a los detenidos arrodillados y a los agentes golpearles con las porras en las piernas y en la espalda, además de patearlos en el suelo, ha salido a la luz después de que el juez de instrucción de la localidad impusiera medidas cautelares a 52 policías penitenciarios por la represión de la revuelta, que comenzó el 6 de abril de 2020.
La ministra, Marta Cartabia, ha ordenado una inspección para encontrar «a los que han cometido errores, pero también proteger a la inmensa mayoría de agentes que hacen un trabajo impecable. Para ello, el análisis del Ministerio se extenderá a todos los eventuales episodios similares verificados en institutos» penitenciarios, dijo hoy el subsecretario de Justicia Francesco Sisto en Radio24.
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Se trata de una de las medidas adoptadas en la reunión extraordinaria que Cartabia mantuvo este miércoles con las autoridades penitenciarias tras conocerse los abusos perpetrados por los agentes, que la ministra calificó como «una traición a la Constitución» y «una ofensa y un ultraje a la dignidad de la persona de los detenidos y también al uniforme que toda la policía penitenciaria debe llevar con honor».
La principal formación de centroizquierda, el Partido Demócrata (PD), ha pedido la comparecencia en el Parlamento de la ministra, que podría producirse en breve, según fuentes cercanas a Cartabia citadas por medios locales.
«Son imágenes gravísimas que las justicia debe clarificar», dijo su secretario general, Enrico Letta, al destacar que «más aún porque provienen de quienes deben servir al país con lealtad y honor».
Mientras, el líder la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, se desplazará hoy hasta la prisión objeto de los abusos para lanzar su mensaje de que «quien se equivoca debe pagar, pero no se puede involucrar a los 40.000 hombres y mujeres que integran la policía penitenciaria».
El pasado lunes, la justicia detuvo a 52 policías penitenciarios de la cárcel de Santa Maria Capua Vetere por los presuntos delitos de torturas múltiples, malos tratos, lesiones personales, falsedad en documento público (todos ellos, con agravante), calumnia, fraude judicial y otros.
La investigación se inició a raíz de los registros en los que algunos presos manifestaban el «castigo» que ejercieron los policías penitenciarios contra ellos por la revuelta de abril, que se produjo después de la noticia de un caso positivo por coronavirus dentro de la prisión, a la que enseguida llegaron contingentes especiales desde la ciudad vecina de Nápoles.
Según los medios locales, las palizas se prolongaron durante días y muchos de los internos aún presentaban heridas visibles 10 días después de los enfrentamientos.
