La ley que permite el aborto en Argentina hace un mes que no se completa y ya ha sufrido su primer revés legal. Un juez suspendió la aplicación de la norma, aprobada por el legislativo federal, en todo el territorio de la provincia del Chaco, en el norte del país, luego de una orden judicial presentada por un grupo conservador.
La magistrada Marta Aucar, del Juzgado XIX del Chaco, tomó una medida cautelar y decidió suspender la aplicación de la ley en la región hasta que se resuelva la acción principal.
Según el diario argentino Clarín, el juicio es una solicitud de declaración de inconstitucionalidad de la ley, con el argumento de que la Constitución de la provincia del Chaco garantiza “el derecho a la vida y la libertad, desde la concepción, para todos y que, como esta es una jurisdicción concurrente de la provincia con la Nación, debe prevalecer la interpretación más favorable de la ley.
La práctica del aborto “restringe, denigra, violenta, limita y altera la existencia, ejercicio y goce del derecho a la vida del feto, amparado por nuestro ordenamiento jurídico desde su concepción”, especifica el reclamo.
Para que entre en vigencia, la decisión debe ser notificada oficialmente a la provincia del Chaco, que puede apelar.
La ley que legalizó el aborto en Argentina hasta la semana 14 de embarazo fue aprobada el 30 de diciembre, en una decisión histórica para la región, y promulgada por el presidente del país, Alberto Fernández, el 14 de enero.
Para la abogada Soledad Deza, la medida cautelar “no tiene base legal, está condenada al fracaso”. Consultado por AFP, el abogado explicó que “Argentina es una federación, por lo que no sería legítimo que el Chaco tuviera un estándar de derechos humanos por debajo del resto de provincias”.
“Lo que esto implica, en términos legales, es ignorar la supremacía constitucional en nuestra forma de organización política”, agregó.
Para resolver la disputa, el caso puede pasar por varias instancias, desde la Sala de Apelaciones del Chaco hasta la Corte Suprema de Justicia. Y “los tiempos de justicia en Argentina son lentos”, dice Deza.
La abogada teme que ocurra un caso similar al de la provincia de Córdoba, donde la conservadora ONG Portal de Belén ha logrado suspender por siete años la aplicación de la interrupción legal del embarazo en casos de violación o riesgo de vida para la madre. , vigente desde 1921, a través de una orden judicial, que finalmente fue rechazada por un tribunal.
