La Audiencia Nacional ha aceptado las medidas cautelarísimas solicitadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el recurso presentado contra las medidas sanitarias aprobadas por el Ministerio de Sanidad y ha acordado su suspensión en el ámbito de la región, han informado fuentes del Gobierno regional.
El auto acuerda suspender, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, la ejecutividad de las medidas contenidas en los apartados A), B) y C) del anexo de la Orden Comunicada objeto de recurso interpuesto por el Gobierno regional.
De este modo, se concede el plazo de tres días a la Administración General del Estado demandada, «a fin de que pueda efectuar las alegaciones que estime oportunas».
Los magistrados arguyen que si no se adoptara ahora la medida cautelarísima, y se esperase a la adopción de una medida tras la tramitación ordinaria de la pieza separada de medidas cautelares, «el escenario de incertidumbre se vería seriamente agravado y perjudicado si se admite un cambio en el nivel de restricciones».
«Se generarían así tres niveles distintos de restricción en un lapso temporal breve, lo que no es fácilmente justificable para el ciudadano, destinatario último de la protección pública insita en la discusión que nos ocupa», recalca la Sala.
El texto continúa mencionando que «el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo (que pudiera ser grave) a los intereses de los afectados últimos por la decisión de imponer restricciones distintas a las ya existentes, aconseja que se adopte la medida de suspensión mientras se puede culminar la tramitación de la pieza separada de medidas cautelares».
Los magistrados reclacan que eso debe ser así «máxime si se tiene en cuenta que, tras la presente decisión, en un lapso temporal breve (trámite de alegaciones por tres días), se podrá decidir sobre el «levantamiento, mantenimiento o modificación» de la decisión adoptada.
Según exponen, será entonces cuando se «disponga de mejores elementos de juicio para valorar los distintos intereses en conflicto». «A efectos de la decisión que ahora adoptamos, consideramos que la no alteración del status quo preexistente es digna de protección cautelar provisional, y que conlleva urgencia en la adopción de una decisión inaudita parte».
En su recurso, el Ejecutivo madrileño argumentaba que en la Comunidad de Madrid rige actualmente la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
Subrayan «el perjuicio que se deriva como consecuencia de la invasión de competencias que ha supuesto la Orden de la Ministra» e inciden en que ostentan la competencia para la adopción de medidas especiales en materia de Salud Pública. A su parecer, es «evidente que esta competencia se viene utilizando, pues tras la finalización de la prórroga del estado de alarma se dictó la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad».
Consideran que «sumir al ciudadano en un régimen de medidas voluble, impuesto sorpresivamente sin razón alguna, sustituyendo de un día para otro la regulación existente, es una afrenta clara a la seguridad jurídica».
Fernando Simon: «Se buscarán alternativas lo más consensuadas posible»
Después de conocer la decisión de la Audiencia Nacional, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos buscarán «alternativas lo más consensuadas posibles» para poder sustituir las medidas que no se puedan aplicar por «motivos judiciales».
Simón ha explicado que el Ministerio de Sanidad «y las partes más técnicas» han tratado de mantener «una posición negociadora», de «mayor consenso a la hora de implementar y proponer medidas». Ha detallado que la intención del departamento dirigido por Carolina Darias es seguir aplicando «con la mayor seguridad» las medidas sanitarias contra el coronavirus mientras no esté la población «lo suficientemente inmunizada».
Asimismo, ha explicado que si las medidas que se proponen y «se han acordado no se pueden aplicar por motivos judiciales» se buscarán otras «más consensuadas para poder sustitutiva».
Con Información de MadridDiario.
