La capital es la región española que peor calificación en cuanto a prestación de servicios sociales y la que menos invierte en ello, según se desprende del índice DEC 2020, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que evalúa el desarrollo de las estructuras y presupuestos de los Servicios Sociales en España.
De esta forma, la región madrileña es la que tiene peores Servicios Sociales, seguida de Murcia, Canarias y Cantabria, todas ellas calificados como irrelevantes, en una lista regional que tiene a País Vasco, Navarra y Castilla y León como las comunidades como mejores puntuaciones.
El informe pone en evidencia las «extraordinarias diferencias» entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos básicos de las personas, en función de su lugar de residencia. Así, mientras muchas comunidades tienen ya legislación, desarrollo normativo y planificación, la Comunidad de Madrid y la de Murcia siguen sin tener una Ley de nueva generación.
Además, los datos de la Comunidad de Madrid que aparecen en este informe constatan la poca inversión regional en este sector, con un importe de 2,39 millones de euros y un gasto medio de por habitantes de 353,03.
De este modo, la región destinó en 2019 a servicios sociales únicamente el 1,041% de su PIB, el más bajo de los porcentajes regionales y la mitad de lo que destina, por ejemplo, una región como Navarra (2,37%).
Las Administraciones Públicas del País Vasco destinan el 13,7% de sus presupuestos a Servicios Sociales, mientras que en la Comunidad de Madrid solo el 7,79%.
En la Comunidad de Madrid, además, el 9,45% de su población potencialmente dependiente recibe atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia y solo un 17,6% de quienes tienen reconocido el derecho a recibir prestaciones por su situación de dependencia están pendientes de ser atendidas.
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Otra conclusión que confirma la aplicación del Índice DEC, es que el éxito en el desarrollo de los servicios sociales no solo tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo económico que realizan las Administraciones Públicas. Para los autores del informe, una de las claves que pueden explicar la eficiencia en el gasto es el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales.
Otro de los aspectos sobre los que pone el foco el informe es sobre la complejidad burocrática y los trámites «farragosos» se han incrementado, y «constituyen auténticas barreras que dificultan que las personas puedan hacer uso efectivo de las prestaciones y servicios sociales cuando más los necesitan».
Para la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, las Administraciones se están «alejando de la ciudadanía y los servicios sociales vuelven a una deriva asistencialista, ya que, ante la incapacidad de los servicios públicos para responder con agilidad y eficacia a las necesidades más básicas de las personas, son organizaciones del «Tercer sector» quienes asumen esta respuesta«.
Como ejemplo mencionan el Ingreso Mínimo Vital, «la gran esperanza para el sector y, especialmente, para tantos cientos de miles de familias en situaciones de extrema precariedad económica, pierde en gran parte su potencialidad por la falta de procedimientos ágiles y la exigencia de complejos e incomprensibles requisitos, que hace que tres de cada cuatro solicitudes hayan sido rechazadas».
En el caso de la dependencia, además de la debilidad de su financiación, «los procedimientos farragosos son, en gran medida, la causa de que se mantengan decenas de miles de personas en el limbo de la valoración o de la atención, y que muchas de ellas fallezcan sin ser atendidas».
Igualmente, «los procedimientos innecesariamente complejos son la causa de que muchas personas desistan de solicitar ayudas a los servicios sociales de las entidades locales para atender sus necesidades más básicas, y lo hagan a entidades del Tercer sector, que pueden ofrecer respuestas más inmediatas a situaciones que así lo requieren, como comer, pagar el alquiler o gastos de la vivienda».
«Incluso estamos viviendo la vergüenza de que los propios servicios sociales municipales deriven a sus usuarios a estas entidades privadas, ante la evidencia de que con sus procedimientos son incapaces de responder a necesidades tan básicas con la agilidad que se precisa», sostienen los autores del índice DEC.
Con información de MadridDiario.
