Este jueves el Consejo de Ministros se ha reunido para aprobar un Real Decreto-Ley «por urgencia» con el objetivo disminuir principalmente la factura de la luz de los hogares, los autónomos, las pymes y el conjunto de las empresas. De esta manera, se reducirán los impuestos que se aplican al suministro de energía eléctrica, lo que supondrá la bajada de IVA de la luz del 21% al 10% hasta finales de año y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante tres meses.
Sin embargo, en el caso del IVA, esta medida se podrá implantar para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios (kW) siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por megavatio hora (MWh).
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero subrayó en rueda de prensa que la potencia media de los hogares españoles es de 4,1 kW y el 72,5% de los contratos de empresa y negocios también tienen una potencia inferior, aunque en este caso el IVA tiene un efecto neutro, alivia tensiones de tesorería en estos meses de recuperación.
Según ha señalado Montero, esta reunión de carácter extraordinario buscaba «atender de forma urgente y aliviar la situación de las familias y del tejido productivo»
Con esta reducción de la fiscalidad de la electricidad, Montero estimó que se conseguirá abaratar un 10% la factura de la luz de los consumidores y estimó que suponen unos ahorros totales de 1.257 millones de euros. La portavoz del Gobierno subrayó que estas medidas extraordinarias buscan «atajar» el actual problema de los precios de la electricidad y «contribuir la recuperación económica se pueda consolidar».
Por su parte, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, consideró que el precio de la energía es un «asunto clave, y más en este momento fundamental en el que arrancamos por fin la recuperación».
Sin embargo, Ribera también destacó que hay circunstancias que «exceden de la capacidad del Gobierno», como el comportamiento del mercado eléctrico y el aumento en los precios del gas natural, que han llevado a «un incremento muy notable del precio de CO2, mucho más allá de las previsiones».
También se aplicará un IVA del 10% a todos los consumidores vulnerables severos – lo que significa unos 612.000 hogares perceptores del bono social – hasta fin de año con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado.
Además, la mandataria ha indicado que esta decisión de rebajar el IVA de la luz, a pesar de que únicamente ha sido validado para finales del año, se revisará para el año siguiente.
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La ministra de Hacienda estimó que la medida del IVA va a suponer un ahorro de 857 millones de euros, de los que 566 millones de euros repercutirán este año y el resto en 2022, ya que existe un decalaje en la factura de la luz.
En lo que se refiere a la suspensión del 7% del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica, que ya en 2018 se decidió su suspensión temporal durante seis meses para contener otra ola alcista en el precio de la luz, tendrá vigencia durante el tercer trimestre de este año.
El ahorro para los empresarios será de 400 millones de euros
Además del ahorro en los hogares, Monteró explicó que esta medida tiene como objetivo abaratar la factura de la industria, que supondrá una rebaja en el recibo de en torno a un 5/6%, que se complementará con 100 millones adicionales de ayuda para el sector electrointensivo.
El ahorro de estas medidas para el conjunto del tejido empresarial ascenderá a unos 400 millones de euros, indicó la ministra de Hacienda, que subrayó que en este caso no afectará al déficit público.
Con información de MadridDiario |
