La Fiscalía de Madrid ha registrado por primera vez una denuncia contra los que están comprometidos o profesionales de residencias de ancianos debido a la muerte de pacientes por Covid-19 al entender que no hay responsabilidad penal, un criterio que se aplicará de manera generalizada ante el medio de centenar de casos que tiene abiertos.
Así lo ha informado este jueves la Fiscalía, la cual detalla que actualmente se encuentra abiertas alrededor de 50 diligencias de investigación que son muy parecidas, por lo que el criterio general es archivarlas, aunque esto no significa que no se llegue a judicializar alguna, ya que se investiga lo ocurrido en cada centro.
Asimismo, en los próximos días la Fiscalía se predice decretar al menos otros cinco decretos de archivo por muertes en residencias de la Comunidad de Madrid.
El archivo no cierra la vía penal puesto que el denunciante tiene permitido asistir a un juzgado o a la vía civil para solicitar la cantidad de dinero que considera oportuna, agregan fuentes del Ministerio Fiscal.
El representante del Ministerio Público alega que no aprecia en la denuncia hechos con “relevancia penal”, anulando los delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y de denegación de asistencia sanitaria.
Además, advierte al denunciante de que no especifica las personas físicas a quienes considera responsables de esos delitos, que “no están contemplados entre los que puede cometer una persona jurídica”.
