El gobierno regional de Madrid acata y «está ejecutando» la sentencia del Tribunal Supremo de marzo que ratificaba la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas del antiguo IVIMA en 2013 al fondo Golman Sachs-Azora y no ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Consitucional (TC) contra esta decisión judicial, lo que hace que la sentencia sea firme.
Según ha adelantado InfoLibre y han explicado fuentes del Ejecutivo regional, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso están ejecutando «exclusivamente» la sentencia de este proceso, iniciado por un propietario, cuya vivienda «vuelve a manos de la Agencia de Vivienda Social (AVS) -antiguo Ivima- y él se convierte nuevamente en inquilino del ente».
«Ahora tendrá que negociar las condiciones del alquiler», han señalado las mismas fuentes, que han recordado que en el auto del TS «no figura que la Comunidad tenga que recuperar las 3.000 viviendas» y han añadido que «ya se han vendido 1.213 viviendas de las 2.935 totales que hubo en la operación». En este punto han insistido en que el Juzgado 29 de lo Contencioso Administrativo de Madrid ha señalado que «esta sentencia solo afectaría a el o los recurrentes y no al conjunto de las 3.000 viviendas».
El Gobierno autonómico había interpuesto un incidente de nulidad contra la sentencia del TS que ratificaba la previamente dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaraba nula esta operación; una enajenación de 32 promociones de vivienda en arrendamiento adjudicada a Azora Gestión y la transmisión de la propiedad de las viviendas a Ecasa Cibeles S.L.
El TS, en la sentencia que corroboraba la decisión del TSJM, argumentaba que «si bien existe una motivación razonable sobre la decisión política» de enajenar determinado lote de promociones, sin embargo «no se ha justificado debidamente» (de forma específica) que esas viviendas concretas vendidas «no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA».
Además, exponía que los argumentos aportados por ambos recursos «evidencian la carencia de interés casacional». Así, por ejemplo, se reclamó por parte de la Comunidad en su incidente de nulidad contra la ratificación del TS que la sentencia anulatoria se circunscriba al caso de un único afectado (el demandante en primera instancia), aspecto que rechaza el TS por no tener relación con el fallo del TSJM.
Las casi 3.000 viviendas pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, que fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20 por ciento más que el precio fijado de salida (168,9 millones). Son en su mayoría pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie. Las viviendas están ubicadas en las localidades de Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).
