Madrid termina con el limbo normativo que ha contribuido al boom de viviendas de uso turístico en la ciudad. Antes de la pandemia se contabilizaban más de 14.000 y ahora se adoptan soluciones para evitar que el centro se siga terciarizando. El Ayuntamiento capitalino solo permitirá su implantación en las plantas baja y primera de bloques residenciales, imponiendo en el segundo caso el requisito adicional de que no se sitúe debajo ninguna vivienda.
Con esta medida se espera una disminución significativa del número de estos negocios en la capital, que en muchos casos torpedean el descanso vecinal. La medida anunciada se encamina asimismo a garantizar condiciones adecuadas de evacuación y salida, considerando que los inquilinos de estos alojamientos no conocen ni la vivienda ni el edificio. No obstante, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha precisado que no se pedirá habilitar un acceso independiente desde la calle.
La limitación expuesta quedará recogida en el actualizado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuyo avance de modificación se ha aprobado este jueves en Junta de Gobierno. La aprobación definitiva de esta modernización de la obsoleta normativa vigente, que data de 1997, no se espera hasta mediados de 2022. Será a partir de entonces cuando el reglamento ampare que los madrileños interesados en alquilar su vivienda con fines turísticos deban presentar una declaración responsable justificando que se cumplen las prescripciones en materia de ventilación, iluminación o ruido.
Fuentes ha hecho hincapié en la situación de alegailidad en la que se encuentran estas nuevas fórmulas de alojamiento. «El 98 por ciento del parque de pisos turísticos no tiene permiso», ha confirmado. En consecuencia, la Agencia de Actividades del Consistorio ha acometido en los últimos siete meses una campaña inspectora «constante y muy intensa», ha señalado la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Se han revisado un total de 5.253 viviendas, entre las cuales se han localizado 425 destinadas a uso turístico, abriéndose expediente a todas ellas.
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Cambios respecto al plan anterior
En la legislatura anterior, el equipo liderado por Manuela Carmena lanzó un órdago a las viviendas de uso turístico con el Plan Especial de Regulación del Uso de Hospedaje, al que el pleno dio luz verde en marzo de 2019 con los votos contrarios de PP y Cs. El mismo recogía la obligatoriedad de habilitar accesos independientes a fin de que los usuarios no tuvieran que utilizar las puertas de entrada, portales o ascensores comunes al resto de vecinos. Con esta medida buscaban eliminar el 95 por ciento de la oferta existente en ese momento. Sin embargo, fracasó.
Sabedores de que no podrían adaptar sus viviendas al requerimiento de entrada separada al edificio, los propietarios eludieron la solicitud de licencia para operar como alojamiento. El Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida va ahora más allá exigiendo que los pisos se localicen solo en los bajos o primeras plantas, un movimiento con el que pretenden «aflorar la actividad económica para controlarla», según ha manifestado Mariano Fuentes.
Con información de MadridDiario|
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