La tramitación de las multas de Madrid Central queda congelada de forma provisional. El Ayuntamiento capitalino ha optado por paralizar los expedientes sancionadores que no sean firmes hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aclare cómo se debe actuar. No obstante, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha precisado que las cámaras seguirán encendidas, captando las matrículas de los infractores «por seguridad jurídica».
Esto contradice al planteamiento inicial del Consistorio, que informó de que todas las multas comunicadas a los conductores se cobrarían con independencia de cuándo se anulara de manera definitiva la medida. No obstante, ya habían advertido de que esto podía cambiar. «No vamos a dictar resoluciones sancionatorias en tanto en cuanto el TSJM se pronuncie por prudencia», ha explicado el regidor este jueves tras la Junta de Gobierno celebrada en el distrito de Ciudad Lineal. «Bastante han sufrido los madrileños con el desaguisado del Gobierno anterior», agregó.
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En todo caso, no debe olvidarse que las cámaras continúan operativas y registran las matrículas de quienes acceden indebidamente a Madrid Central. Si el TSJM entiende que las infracciones pueden cursarse, el proceso se reactivará para emitir las multas de los últimos meses cuya tramitación se ha suspendido y las que queden grabadas de ahora en adelante hasta que la Justicia lo dictamine.
Por ello, cabe recordar que la entrada al perímetro restringido está prohibida a vehículos sin distintivo ambiental. Los transportes con etiquetas B y C solo pueden entrar si es para estacionar en un parking público o garaje privado. Por tanto, los ECO o Cero Emisiones son los únicos que pueden circular sin limitaciones.
Nulidad de Madrid Central
La decisión de suspender la gestión de las sanciones se adopta dos días después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia del TSJM por la que anulaba Madrid Central al no admitir el recurso presentado por Ecologistas en Acción para revertir el fallo. Se corrobora así que los «defectos de forma» encontrados por el Tribunal Superior de Justicia madrileño impiden la continuidad de la medida implantada bajo mandato de Manuela Carmena en 2019 si no se corrigen los fallos detectados. Todavía resta saber cuándo entra en vigor dicha nulidad.
Ahora Madrid omitió el tramite obligatorio de información pública del plan que regula el área de bajas emisiones. Además, no realizó el debido estudio sobre el impacto económico que esta medida supondría a las arcas municipales. El actual Ejecutivo municipal ultima una nueva Ordenanza de Movilidad que incluye Madrid Central y subsana los errores del proyecto anterior. Como novedad sobre esta medida, recoge la equiparación de los comerciantes con los residentes, para que puedan aparcar en las mismas condiciones en el espacio perimetrado.
Con información de MadridDiario.
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