El Partido Popular de Madrid ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial al líder de Podemos, Pablo iglesias, por vulnerar la normativa al haber grabado el vídeo en el que anunciaba en redes sociales su candidatura por Podemos a las próximas elecciones del 4 de mayo desde su despacho de la Vicepresidencia del Gobierno de España.
En el escrito, presentado por el representante del partido ante la Junta, José Antonio Martínez Páramo, argumentan que dicho vídeo tiene «una única finalidad electoralista» y supone «la utilización de un cargo y un despacho institucional para la realización de un acto encubierto de campaña». A juicio de los populares, Iglesias no ha respetado el obligado uso neutral de los espacios públicos e institucionales durante las campañas y ha vulnerado «los principios de neutralidad, imparcialidad e igualdad».
El PP expresa en su denuncia que «el examen del vídeo pone de relieve que la escenografía en la que se desarrolla, con utilización de símbolos y elementos públicos, conlleva poner al alcance de uno de los contendientes en las elecciones la posibilidad de utilizar medios institucionales que no están disponibles para los restantes candidatos, con el consiguiente quebrantamiento del principio de igualdad de armas».
Según figura en el documento, Iglesias «está utilizando» su cargo de vicepresidente segundo del Gobierno «para realizar un acto partidista, en el que pone en valor aspectos de su programa electoral con recursos públicos», al enumerar en su intervención diversos «logros» conseguidos por su formación, lo que iría en contra del artículo 50.2 de la LOREG.
Ayer el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, aseguraba que Pablo Iglesias había sorteado como mínimo la Ley Electoral al realizar su anuncio de esa manera y recalcó que esto ya pone «en antecedentes del riesgo» que se va a padecer con un partido como el morado, «cuyos líderes no son muy respetuosos con la legalidad», por lo que habrá que estar «muy atentos» al uso que hagan de espacios y recursos públicos de edificios que gestionan para actos electorales.
