Sánchez no cede ni un ápice en el plan de ahorro energético. La reunión del Gobierno y las Comunidades Autónomas para abordar las medidas. Que contiene el plan de ahorro energético no ha servido para descongelar las relaciones entre unas y otras.
Las posiciones se mantienen inamovibles. Ni el Gobierno va a ceder un ápice en sus pretensiones ni todas las autonomías han salido contentas de las explicaciones recibidas en la sectorial.
Especialmente, las gobernadas por el Partido Popular. Que han pedido su retirada inmediata. Andalucía, Murcia, Galicia y Castilla y León solicitan eliminar al menos una parte del decreto, concretamente. La parte que se refiere a las medidas, mientras Madrid ha ido más allá y ha anunciado que, finalmente, sí presentará un recurso de inconstitucionalidad al plan energético. Después de unos días de análisis y tras considerar que se está poniendo en cuestión «las competencias propias» de la Comunidad, en concreto, las ligadas al comercio.
Aunque ya se contaba con la férrea oposición del PP, que ha criticado duramente los planes del presidente en días pasados. Alegando que su Gobierno «es el más caro de la democracia» y que, mientras pide sacrificios, «Sánchez viaja en su Falcon». No han sido las únicas autonomías que han hecho demandas o sugerencias a estas medidas. Cataluña ha considerado la reunión «una pérdida de tiempo» y ha manifestado que el encuentro de esta mañana «no ha resuelto dudas» ni «se han tenido en cuenta otras opiniones».
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Socialistas poyan el plan
Mientras tanto, las comunidades socialistas apoyan sin apenas fisuras el plan, alegando la necesidad de cumplir con lo estipulado por las instituciones europeas. Y justificando que la mayoría de las autonomías llevan muchos años aplicando el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Que establece una temperatura en el interior de los edificios públicos de entre 21 grados en invierno y 25 en verano.
Entre unas y otras, algunas comunidades que apoyan el decreto han hecho precisiones y exigencias concretas. Por ejemplo, Cantabria pide ayudas económicas para facilitar la adaptación del comercio a las nuevas medidas y Aragón ha demandado mayor flexibilización en la aplicación de los plazos.
Unos plazos exiguos, teniendo en cuenta que la norma entra en vigor el miércoles. En solo unas horas, el aire acondicionado deberá estar a un mínimo de 27 grados. Aunque podrán ser 25 para bares, restaurantes y otros negocios como gimnasios o peluquerías, Teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral. Las luces de los escaparates cerrarán a las 22.00 y será obligatorio instalar termómetros en lugares visibles.
Para otras de las medidas que recoge el decreto se establece una moratoria. Es el caso de la necesidad de que las puertas de los locales cierran automáticamente cuando esté en uso cualquier sistema de climatización. Que no será obligatoria hasta el 30 de septiembre.
En plena ola de calor, la situación sigue candente porque las posturas son fijas. A pesar de que el encuentro celebrado esta mañana se adelantó a petición de la Comunidad madrileña. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dejado clara la posición del Gobierno. Ni se retirará el decreto… ni se cambiará.
«El decreto ley aprobado es el que es, no hay modificaciones», ha manifestado tras la reunión con las comunidades. El Ejecutivo es firme porque, aduce, existe un «compromiso con Europa» para reducir un 7% el consumo de gas ante la amenaza de un corte de suministro por parte de Rusia. Además, Ribera ha reconocido que con este primer paquete de medidas no se llegará a este dato. Sino que el ahorro estimado será del 4-5%.
El PP no ha tardado en reaccionar. Si ayer Alberto Núñez Feijóo se dirigía al presidente para reclamar la convocatoria de una Conferencia de Presidentes. Hoy insistía en la retirada de un plan que consideran «una broma de mal gusto», «incongruente» e «inútil». Los populares basan sus críticas en la falta de consenso y en que la normativa crea «una enorme inseguridad jurídica».
En palabras del vicesecretario de Organización Territorial, Miguel Tellado. Quien ha exigido que el Gobierno reduzca sus propios gastos y se dedique a fomentar el empleo y a buscar una factura más barata de la electricidad.
Unas palabras que han encontrado contestación del propio presidente. Pedro Sánchez, quien ha pedido al PP abandonar su oposición «destructiva y negacionista». Además de «unidad, responsabilidad y solidaridad» para afrontar las exigencias de la UE para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania.
El líder del PSOE ha avalado a su ministra y ha reiterado que las medidas «no han sido improvisadas». Sino que se han abordado antes con los sectores implicados y las autonomías. Además, ha manifestado la necesidad de «cumplir la ley» y los acuerdos a los que se llega en Europa, que exige reducir un 15% el gasto energético. Un porcentaje que se rebaja al 7% en España por su menor dependencia del gas de Rusia y la posibilidad de compartir con otros países.
Por su parte, la ministra de Hacienda y número 2 del PSOE, María Jesús Montero, ha pedido directamente al PP que «no haga insumisión» y ha conminado a Feijóo a poner «orden en su partido».
«La agenda política la está marcando la señora Ayuso, que está impugnando medidas que el propio PP trasladó como necesarias hace dos semanas». Ha declarado Montero, pocos minutos antes de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lamentara en un tuit. «Mañana por la noche, los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España».
Con información de 20 minutos
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